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Los pescadores artesanales hacen oír sus reinvindicaciones

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Los representantes de los pescadores artesanales de Providencia y Santa Catalina y de San Andrés, Edgar Jay y Ricardo Bush, respectivamente, le enviaron una pormenorizada comunicación al gobernador Everth Hawkins, en la que exponen la difícil situación por la que atraviesa la colectividad que representan y le formulan una serie de propósitos y peticiones con miras a su reivindicación moral, económica y social.

A continuación, la carta (textual) de los pescadores:

San Andrés, Islas. Junio 28 de 2020

Señor
EVERT HAWKINS SJOGREEN
Gobernador Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
San Andrés, Islas

Ref. Solicitud formal de medidas en relación con la actividad pesquera de manera previa al inicio de temporada de pesca blanca y pesca de langosta que inicia el 1 de Julio de 2020.

Copiado a: Norberto Gary, Alcalde de Providencia y Santa Catalina / Procuraduría para Asuntos Agrarios y Ambientales / Procuraduría Regional / Defensoría del Pueblo / DIMAR / Autoridad Nacional de Pesca (AUNAP) / Oficina de Control de Circulación y Residencia OCCRE / Secretaria Departamental de Agricultura y Pesca / Junta Departamental de Pesca /Elizabeth Jay Pang, Representante a la Cámara / Jorge Méndez, Representante a la Cámara / Dirección Regional de Fiscalías / Josefina Huffington, Veeduría Cívica Old Providence de Providencia y Santa Catalina, Islas.

Cordial saludo,

Los actuales paradigmas de consumo y prevalencia de los interes financieros, por encima de los valores ecológicos y de protección al medio ambiente, han sido descuadernados por la pandemia del Covid-19; el nuevo contexto mundial nos genera preguntas sobre la vigencia de nuestros sistemas políticos, económicos y sociales, sobre el futuro de nuestra especie y el de todas las otras formas de vida en el planeta. La balanza inicia su equilibrio con la coyuntura que surge de la crisis sanitaria, puesto que ofrece un escenario donde los pobres, los desarraigados, las minorías y el medio ambiente, comienzan a ser los protagonistas del nuevo orden mundial.

Si en el Departamento Archipielago, nuestro referente cronológico es la fecha de declaratoria del puerto libre, evidentemente el turismo y el comercio fueron durante 67 años, el primer renglón de la economía. Pero ha sido también por la equivocada orientación ofrecida por sus artífices, el caldo de cultivo de nuestra crisis estructural (de profundas bases ideológicas). Y, esa economía autista colapsó con la pandemia, gracias a su fragilidad y a los intereses que ocultaba, que durante casi siete décadas, hizo de sectores como el agrícola tradicional y el pesquero artesanal, sus apéndices y cenicientas. Debido a la falacia intrínseca del modelo turístico-comercial que profundizó abismalmente la brecha entre ricos y pobres, la población flotante anual llegó a la cifra de más de un millón cien mil personas, aumentando delirantemente la capacidad de carga del Departamento en todos los ámbitos y generando dependencia de otros sectores productivos, al crear necesidades emergentes, con la masificación de la demanda de servicios, productos y alimentos, que derivaron en el aumento de la importación de distintos bienes de consumo, y que a su vez, causaron el colapso del sector agrícola tradicional, y una descomunal presión sobre los recursos pesqueros con la pesca industrial y la traída de pescadores de otras latitudes.

Es así como se consolidó un modelo pesquero insustentable, insostenible y bicéfalo, que por un lado hizo del sector, la única despensa exportadora (con la langosta espinosa) que fue también el instrumento de consolidación del monopolio de Antillana, y por otro lado, se convirtió en un subsector dependiente del modelo turístico-comercial, que anualmente consumía mas del 60% de más de un millón de kilogramos de pescado, y alrededor del 30% de más de 200 toneladas de cola de langosta espinosa, extraídas de nuestra reserva de la biosfera. En ese orden de ideas, la lógica de esta secuencia es que, la pesca artesanal en el Archipiélago, con las medidas de la cuarentena, que desencadenaron el colapso del turismo, por efecto dominó, causará también el colapso comercial del sector pesquero. Por eso, en una carta anterior a esta, le proponíamos que apoyara a los pescadores artesanales del Archipiélago, financiando nuestras faenas y destinando nuestros productos de la pesca para alimentar a nuestra población, pero eso hasta ahora no ha sido posible.

A usted, señor Gobernador, el nuevo orden de cosas le debe suscitar profundas reflexiones y en consecuencia las acciones pertinentes.

Pero el objeto de esta carta no es solo la reflexión, sino la demanda formal de acciones urgentes para que los pescadores artesanales (como productores de alimentos, practicantes de un oficio ancestral y sostenible, actores productivos de un territorio étnico y habitantes de la magnífica reserva de la biosfera Sea Flower) podamos ayudar a nuestro pueblo a sortear la pandemia y construir un modelo pesquero ajustado a nuestra realidad y a nuestras necesidades, porque si hay una verdad de a puño, es que el modelo (industrial) que se venía aplicando, fracasó.

Hace 8 años, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en 2012, significó, en una consecutiva historia de infamias, el último (de tantos) mordiscos a nuestro territorio Raizal, que nos hizo perder 75 mil km2 de territorio marino, dando lugar a una nueva situación geopolítica y creando la necesidad de introducir nuevas variaciones estratégicas debido al carácter transfronterizo (de facto) que tomó la reserva de la biosfera, y la necesidad de transformar integralmente el modelo pesquero, desde eventos tan simples como el otorgamiento de cuotas, hasta la redefinición de la naturaleza de los actores del sector y sus cadenas de valor.

Hoy, con la pandemia del Covid-19, que impacta profundamente el mundo contemporáneo, asistimos al estruendoso derrumbamiento de un nefasto modelo pesquero, que en manguala con la pesca ilegal, la corrupción, la pesca industrial y los monopolios, agravaron la crisis poblacional, incrementaron la inseguridad, desarticularon las instituciones, socavaron la función pública, alteraron las relaciones sociales de producción, afectaron gravemente la capacidad de renovación de los recursos y empobrecieron a los pescadores artesanales y a la población Raizal. Señor Gobernador: hay un marco jurídico legal que se debe cumplir.

Señor Gobernador: la normatividad pesquera, que debe ser aplicada en el Departamento Archipielago; desde la ley 47 de 1993, que crea la Junta Departamental de Pesca, el articulo 335 del Constitución Nacional, la ley 915 de 2004, la ley 99 de 1993, y demás, y todas las resoluciones de la Secretaria de Agricultura y Pesca, hasta los acuerdos de la Junta, vienen siendo violados desde años atrás, por funcionarios corruptos de la misma Secretaría; vienen siendo desconocidos por la DIMAR, e ignorados por la OCCRE; que sigue otorgando permisos de trabajo a pescadores de otros lugares, cuando el Departamento tiene a más de un millar de pescadores artesanales registrados.

Señor Gobernador: no es sano, para las urgencias alimentarias, sanitarias y económicas de nuestro pueblo que se desconozca la importancia de la Junta Departamental de Pesca, que en lo que va de su administración, no se ha convocado ni una sola vez. No es saludable desde ningún punto de vista, que la Secretaria de Agricultura y Pesca, otorgue patentes de pesca blanca y pesca de langosta espinosa (cuya temporada de pesca comienza el próximo primero de julio), ni que se establezca la distribución de cuotas, sin antes reunir la Junta, porque incurriríamos en los mismos desaciertos del pasado. No se olvide, que la Junta Departamental de Pesca, es un organismo colegiado donde tenemos representación los pescadores artesanales, que tiene funciones de ley. Y usted es el presidente de la Junta. ¿Por qué razón entonces, las juntas de Coralina y de la OCCRE se han convocado en varias ocasiones durante el periodo de la emergencia sanitaria, en cambio la Junta Departamental de Pesca no?

Finalmente quiero de manera respetuosa mencionar algunas demandas que son pertinentes y urgentes:

Que se dé cumplimiento al Acuerdo 002 de la Junta de Coralina de 2019, ratificado por JUNDEPESCA y que establece la demarcación de las zonas exclusivas de pesca artesanal, las áreas marinas protegidas y las zonas de uso general. En este acuerdo las actividades de pesca industrial solo pueden ser realizadas en las zonas de uso general.

El cumplimiento de las Resoluciones del 2006 y 2009 que establecen que los pesqueros industriales solo pueden realizar actividades de pesca blanca y de pesca de langosta exclusivamente con nasas, y se limita el uso a un máximo de dos lanchas auxiliares (tipo panga), y que solo podrán realizar faenas de pesca en embarcaciones de pesca artesanal, quienes hagan parte del Registro Departamental de Pesca.

Para que sea materia de discusión de la Junta Departamental de Pesca, hasta que esta no se reúna, que se suspenda el otorgamiento de patentes a embarcaciones de pesca industrial, por los efectos socioeconómicos de la pandemia y por los alcances del Acuerdo 002 de la junta de Coralina.

Que los empleadores responsables de la permanencia irregular de pescadores de otros lugares los retorne a sus lugares de origen y que en su defecto la OCCRE y la gobernación lo hagan.

Los subsidios de combustible (que se incluya la gasolina), de los cuales eran beneficiarios los pesqueros industriales, sean transferidos a los pescadores artesanales y que se establezcan los medios para que esto sea realidad también en las islas de Providencia y Santa Catalina.

Que se solicite una investigación de los organismos de control y de la fiscalía, sobre irregularidades que venimos denunciando los pescadores artesanales desde hace muchos años, de posibles delitos de complicidad de funcionarios de la Secretaria de Agricultura y Pesca, de las capitanías de puerto de San Andrés y Providencia, y de la OCCRE, con actividades de pesca ilegal en lo que se refiere al otorgamiento de patentes de pesca, informes de inspecciones y monitoreos sin los respectivos soportes, permisos de trabajo violatorios del decreto 2762 y de la resolución 3114 de 2009 de la Secretaria de Agricultura y Pesca, falsificación de patentes y de permisos de trabajo, expedición de zarpes ilegales y expedición de carnets y registro de pescadores, sin cumplir los requisitos de ley, además de otorgamiento de cuotas globales sin el rigor de los informes técnicos de la Secretaria de Agricultura y Pesca Departamental, y sin la suficiente evidencia científica por parte del Comité Ejecutivo Nacional de la Pesca y de la Autoridad Nacional de Pesca (AUNAP), y las conocidas irregularidades en la distribución de las cuotas globales.

Exigimos que se investigue a la empresa Antillana y a la pesquera Hawkins (también pesquera Providencia), por los delitos asociados a la ilícita actividad de pesca, tipificada en el Código Penal Colombiano (art. 335, ley 1851 de 2017), por promover, comerciar, acopiar y realizar extracción de langosta espinosa durante el periodo de veda, utilizando equipos prohibidos (tanques de buceo) y por introducir ilegalmente pescadores de otros lugares en el territorio.

Que se aplique el principio de precaución para erradicar la pesca industrial y devolver a pescadores de otras partes a sus lugares de origen, y así evitar que se sigan causando daños irreparables en nuestros recursos naturales y en el medio ambiente.

Señor Gobernador, le solicitamos respetuosamente que observe cómo los agricultores y los pescadores artesanales hemos resistido siglos de adversidades para alimentar a nuestra comunidad, y somos la primera línea defensiva de los derechos de nuestro pueblo.

Por su atención muchas gracias,

Cordialmente,

EDGAR JAY STEPHENS
Representante de los pescadores artesanales de Providencia y Santa Catalina ante la Junta Departamental de Pesca.

RICARDO BUSH
Representante de los pescadores artesanales de San Andrés ante la Junta Departamental de Pesca.

Última actualización ( Viernes, 03 de Julio de 2020 07:11 )  

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