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Serenidad en la tormenta

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La semana que termina fue, seguramente, la más convulsionada desde que principió su mandato el gobernador Everth Hawkins Sjogreen. No en vano el propio mandatario se refirió –en mensaje directo y simultáneo por todos canales posibles– al proceso que adelanta en su contra la Fiscalía General de la Nación y con voz serena pero firme y resuelta, afirmó: “Sigo libre, sigo siendo el gobernador de este archipiélago”.

En efecto, reiteró también lo que viene afirmando desde que la Procuraduría señaló por primera vez a San Andrés entre los sitios en que se vendrían presentado sobrecostos en la adquisición de insumos como dispositivos sanitarios o mercados. Puntualmente, dijo que durante su administración se han efectuado todas las actividades contractuales con total transparencia y cumpliendo con todos los lineamientos nacionales.

Al respecto, no queda más que esperar que llegue la hora de defender su actuación –como ordenador del gasto– ante las diferentes instancias a que haya lugar. Sin embargo, y esto lo sabe también el Gobernador, tendrá que construir una defensa sólida e inexpugnable que no solo incluya todos los soportes y elementos probatorios sino que agregue luces y claridad sobre las condiciones especiales de nuestro territorio.

Y es que las circunstancias específicas del archipiélago, por su situación de insularidad, pero también por su naturaleza étnica, cultural, económica y social, tienen que ser tenidas en cuenta –a la hora de investigar– por las entidades de control a la luz de la normatividad especial que gestó con equidad y madurez el constituyente cuando plasmó el artículo 310 de la Carta Magna de nuestra nación. La de la ‘séptima papeleta’.

En tal sentido –el sentido común– se impone un equilibrio que logre integrar el espíritu de la norma y su aplicación en un territorio con una economía paralizada y monotemática, que no posee vías de acceso terrestre, que sus tarifas marítimas no son de cabotaje sino ‘dolarizadas’ y cuyo aeropuerto está cerrado hace tres meses salvo para vuelos militares, humanitarios y, por lo visto, de turismo fiscal.

Por favor, a nadie le conviene un vacío institucional de tan alto costo y en plena pandemia, por una ineludible campaña publicitaria bilingüe de 500 millones de pesos supuestamente sobrevalorada... Solo a los médicos especialistas del Hospital Clarence Lynd Newball que cesaron actividades hace una semana, les deben diez veces esa suma y ninguna autoridad ha dicho nada.

El gobernador tiene la oportunidad histórica no solo de defenderse con serenidad y salir bien librado; sino de elevar su voz para que se entienda de una vez por todas el espíritu de nuestra normatividad constitucional. Que la capacidad de carga no es un cuento, que el Pueblo Raizal merece respeto, que nuestra seguridad alimentaria está amenazada, y que somos una Reserva de Biosfera con un nombre hermoso: Seaflower

 

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