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La tragedia de la salud pública de las islas

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No es exagerado decir que al Estado colombiano le ha quedado grande —hasta ahora— la empresa de resolver la grave crisis que padece el sistema de salud pública del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los gobiernos de turno solo han puesto remiendos a los problemas acumulados para calmar la marejada de descontento popular que originan estos y torear a los entes de control.

El tipo de inversiones que se han ejecutado hasta la fecha, apenas han logrado recrear las mínimas condiciones necesarias para el funcionamiento de los hospitales y centros de salud locales, y han sido insuficientes para lograr significativos avances tecnológicos. Nunca ha habido una estrategia de transparencia en la gestión sectorial que haya sido efectiva pues existe la sensación de que la corrupción lo gobierna todo.

A tal punto que tiene desangradas las finanzas del sistema y de la entidad territorial. Sólo el año pasado, la Contraloría General de la República halló un daño fiscal por $1.767 millones tras una actuación especial de fiscalización. Más las multas impuestas al departamento por la Superintendencia Nacional de Salud por un valor cercano a los $1.000 millones, por la omisión en el ejercicio de inspección, control y vigilancia.

Por otro lado, Colombia no ha entendido aún con claridad las diferencias tremendas en las condiciones de vida de los habitantes del archipiélago con respecto al resto del país. No ha habido manera de que el gobierno central entienda que por las características del territorio insular, como la distancia que lo separa del suelo continental, el sistema de salud de las islas no puede ser juzgado con el mismo rasero. Esto ha influido negativamente en la idea de construir un modelo propio de salud pública especial para las islas, ya que han primado los prejuicios y los intereses nacionales frente a los regionales.

Además, cuando se han descubierto errores e irregularidades, como las descubiertas en el Clarence Lynd Newball Memorial Hospital, los gobernantes de turno en vez de corregir lo que han hecho es tapar todo, contribuyendo así al empeoramiento de las cosas y a una progresiva pérdida de la confianza ciudadana. De ahí que las pocas acciones desarrolladas por el Gobierno Nacional y local para mejorar el acceso y la calidad de la salud para los habitantes de las islas, han resultado deficientes y, en ocasiones, equivocadas. Y ciertos gobernantes y empresarios han sacado particular provecho político y económico de la situación con total descaro.

¿Cómo es posible que algo así haya subsistido hasta ahora?

Desde la época de la Intendencia, la salud pública en las islas ha transitado entre la oscuridad y la esperanza. Todo ha estado siempre por corregir. Pero nunca se ha corregido, ni siquiera ha habido acuerdo en lo fundamental. Le corresponde entonces a la administración departamental venidera reforzar los esfuerzos y usar muy bien los recursos.

Hace unos días el ministerio público advertía que los habitantes de la isla de San Andrés “están en inminente riesgo por la crisis sanitaria que atraviesa el departamento”, por cuenta de la COVID-19, y muchos minimizaron el asunto, pero luego de ver los vídeos que muestran la filtración de aguas lluvias al interior del Clarence Lynd Newball Memorial Hospital, no queda la menor duda de que así es.

Pese a que el presidente Iván Duque desde el primer día de su gobierno se comprometió acompañar de cerca al departamento insular para salir de la crisis de la salud, las cosas no mejoran sino que empeoran. Y desde entonces no se le ha vuelto a notar el mismo interés en el tema. Tal parece que el lazo más fuerte que une hoy al archipiélago con el jefe de Estado es el olvido.

Hoy, tanto el Ministerio de Salud como la Superintendencia de Salud, conocen bien la grave situación de las islas, pero el futuro del hospital de San Andrés sigue siendo incierto.

En los próximos días se tendrá que ejecutar un nuevo modelo de administración y se tendrán otra vez nuevos actores. La comunidad no debe bajar la guardia en la vigilancia del sistema a fin de proteger su derecho a la salud y hacer uso, siempre que sea necesario, de mecanismos como la Acción Popular para la protección de los mismos que actualmente atiende la justicia ordinaria.

Sumativo.- "Cuando se sugieren muchos remedios para un solo mal, quiere decir que no se puede curar": Anton Pavlovich.

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresen.

 

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