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Ataque contra el 2762

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NADIN.MARMOLEJO.NUEVA2020La reconstrucción de Providencia y Santa Catalina necesita de muchos brazos foráneos para poder llevarse a cabo. Eso es indiscutible. Sin embargo, esto no puede constituirse en disculpa para no cumplir la normativa especial que rige para el archipiélago en materia de control a la densidad poblacional. El decreto 2762 de 1991, no nació de un capricho sino de una necesidad.

Hay razones suficientes y experiencias históricas para preocuparse por cualquier reforma que pueda afectar su esencia. Recordemos que uno de los cambios más dramáticos que se dieron en las islas en la segunda mitad del siglo XXI, ha sido el vertiginoso crecimiento de su población, a raíz del flujo incontrolado de mano de obra calificada y no calificada.

El influjo turístico derivado de la creación del puerto libre implicó enormes e irremediables consecuencias en materia poblacional y de tipo ambiental. Pues, a la isla llegaron sin ningún orden miles de personas (de manera temporal, en gran medida) a trabajar en la construcción de hoteles, vivienda y demás infraestructura local, y otros tantos a establecerse atraídos por dicho influjo.

En virtud de lo anterior, la población de la isla pasó de 3.705 habitantes en 1951, a 14.413, según el censo de 1964. En 1993 la población estaba ya en 56.361 y en 2002 llegó a 74.669 habitantes. Este enorme y desaforado crecimiento de la población fue posible debido a la falta de medidas regulatorias del ingreso de estas personas a un territorio con capacidad limitada de apenas 26 kilómetros cuadrados, en el caso de la isla de San Andrés. Según el censo de 1964 los inmigrantes representaban entonces el 50.6% de la población.

Entre los muchos efectos negativos que esta avalancha humana causó está el deterioro del ecosistema de la isla, según Coralina. Los problemas de esta índole identificados por la Defensoría del Pueblo incluyen la extracción ilegal de arena de las playas, la explotación incontrolada de la fauna (aun en períodos de veda), la tala y poda de árboles, la construcción de obras que afectan la dinámica poblacional del cangrejo y otras especies endémicas, el uso masivo de plaguicidas, y la contaminación por ruido. Y otros de tipo social, como la tugurización, inseguridad, el desempleo, etc.

Así las cosas, no es gratuita entonces la preocupación popular que provocara la solicitud de la Gerencia de la Reconstrucción de Providencia para introducir a la isla mil obreros. Es más que justificada. Incluso, no estuvieron desatinados quienes lo consideraron en su momento un ataque contra el 2762, como un fuego amigo. Luego de las especulaciones, solo esperamos que los trabajadores ingresen a Providencia, "pero sin violentar la ley”, como lo advirtió el pasado jueves 11 de febrero el director de la Oficina de Control de Circulación y Residencia (Occre), Oswaldo Madariaga Archbold, tras reunirse con la Autoridad Raizal.

Este evento, sin embargo, pone sobre el tapete nuevamente la discusión acerca de los ajustes que necesita el 2762. Reorganizar la oficina emanada de dicho decreto se ha vuelto un imperativo, ya que no siempre ha estado a la altura de la responsabilidad encomendada, ni ha podido protegerse debidamente de la peste de la corrupción. Fortalecerla es vital para sus fines, puesto que no ha sido hasta ahora todo lo efectivo que se esperaba para el control poblacional.

En este momento, Providencia será su prueba de fuego. Pues tiene la gran oportunidad de mostrar su importancia para el presente y el futuro del archipiélago. Por lo tanto, tiene que ser exitosa en la gestión de conseguir que todas las personas con permiso temporal que ingresen a la isla retornen a sus lugares de origen cuando la reconstrucción haya concluido.

Sumativo.- La isla Bermuda con un área de 52 km y una densidad de 1.260 habitantes por km2, es comparable a la isla de San Andrés en 1985, con 1.217 habitantes en un área de 28 kilómetros cuadrados.

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.

 

 

 

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