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Diplomacia con Nicaragua, 'mano dura' con las islas

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HAROL.BUSH2El tono de un comunicado de la Cancillería en respuesta a la declaratoria de Nicaragua de una reserva ambiental en la zona que conquistó en el fallo de 2012, señalaría ajustes hacia una posición más legal y menos intransigente en relación al diferendo limítrofe con dicho país.

Es una lástima que ese espíritu conciliador, realista y de respeto a las normas de nuestro gobierno nacional no se refleje de igual manera en sus relaciones y políticas hacia las islas. El contraste preocupa.

Recientes decisiones de las autoridades nacionales han provocado rechazo porque no tienen en cuenta nuestras normas, las opiniones y las preocupaciones de los isleños y, en últimas, debilitarían el principal mecanismo con que cuentan los raizales para asegurar su supervivencia y las islas para controlar la sobrepoblación.

Con argumentos muchas veces ficticios justifican modificar a su acomodo nuestra norma de control poblacional, construyen a toda marcha en Providencia una controvertida estación de guardacostas y han iniciado allí un dragado que está causando un significativo daño ambiental y patrimonial. Todo esto cuando la ley obliga a respetar la decisión del pueblo raizal y habiendo alternativas que no implican echar para atrás logros para los cuales los isleños hemos peleado durante años: nuestro control poblacional, la protección ambiental y patrimonial y la defensa del territorio y los derechos étnicos.

Son ejemplos de no acatamiento a las normas que, además, son emulados y aprovechados por el sector privado, a juzgar –por ejemplo– por el intento de un no residente de construir un hotel en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional McBean Lagoon.

UN NECESARIO CAMBIO ESTRATÉGICO

El comunicado de la Cancillería apunta a que Colombia estaría acercándose más a la realidad jurídica del fallo de 2012, llamando a su vez a un diálogo para el tema de conservación, aunque curiosamente protestando porque Nicaragua adopta esta importante medida de protección ambiental.

Aun así, extiende una rama de olivo a Nicaragua y a los otros países del área en busca de un necesario reposicionamiento estratégico debido a las nuevas realidades geopolíticas internacionales y para defender mejor desde una posición más diplomática los intereses nacionales ante la necesidad de una total redefinición de nuestras fronteras marítimas que quedaron desfigurados por el fallo de 2012.

Aceptar dicho fallo era cuestión de tiempo. El gobierno nacional nunca dijo de manera oficial que no se iba a acatar, sino que no lo podía cumplir hasta que se dieran unas condiciones; una estrategia adoptada para que el paso del tiempo lo hiciera más factible al enfriar los ánimos exaltados causados por su monumental pérdida de aguas.

Han pasado ocho años y es el momento de aceptar la realidad. En las islas francamente ya queremos pasar la página del diferendo con Nicaragua que lleva 40 años dominando nuestras vidas y verdaderamente la única opción que nos queda es acercarnos para manejar mejor nuestra pérdida en beneficio de todos los isleños.

UNOS PREOCUPANTES PRECEDENTES

El gobierno nacional hace bien en defender y proteger nuestros derechos e intereses frente a Nicaragua. Pero también los debe defender y proteger en las islas. Puede comenzar dejando de improvisar, escuchar más a los locales, no usar su ‘mano dura’ de manera tan irresponsable y más bien, para bien de las islas, avanzar en la reconstrucción y atender mejor lo calificado por la líder raizal Josefina Huffington, como el peor momento en la historia de Providencia.

Además, no debería con sus acciones debilitarnos o profundizar nuestra destrucción como pueblo, contribuir a la mayor pérdida de tierras y a la extinción cultural y étnica haciendo lo que le plazca. Debería respetar nuestra autonomía, deseos y espacios. No afectarlos construyendo una instalación militar que la comunidad lleva 30 años rechazando.

Que es, por lo demás, es un acto temerario e imprudente que se impone cuando los providencianos pasamos por un momento vulnerable y cuando más necesitamos del gobierno. Debilita además a las autoridades porque éstas pierden autoridad moral por hacer algo de manera irregular. ¿Con qué autoridad podrá la Dimar decirle a un isleño que no construya un muelle si la misma Armada construyó uno y sin permiso?

Se usó mano dura y un ‘chantaje oficial’ que tomó a la OCCRE como rehén para tapar la lentitud de la reconstrucción, cuando aún sin los cambios propuestos es posible llevar a Providencia desde San Andrés o del continente trabajadores para la reconstrucción.

La demora en la reconstrucción no es culpa de la OCCRE, sino de la improvisación y el desconocimiento de cómo hacemos las cosas en las islas y en el Caribe; también de una, a veces, irrisoria e incoherente coordinación institucional, y por último, de fallas en las estrategias y estilo de manejo adaptados.

Se puede perfectamente contratar mano de obra y constructores en las islas (y buscar en el continente de ser necesario) si dejaran de negar a los trabajadores y empresas isleñas oportunidades de recuperación económica a través de la reconstrucción, pero están obsesionados con trabajar sólo con los del continente, como si los isleños para nada servimos.

Y, si bien la OCCRE debe ser más realista y enfocarse en su otro importantísimo trabajo que es proyectar y –en tanto– atender las urgentes necesidades de mano de obra local; la solución no es la modificación de nuestras normas, siempre existirá un punto intermedio.


Y es importante encontrarlo rápido porque la temporada de huracanes llega en sólo meses y es cuando muchos damnificados deberán lidiar desde una frágil carpa con sus preocupaciones, su tragedia y más sufrimiento. Otro huracán podría grave porque esta vez muchos no tienen dónde refugiarse.

El gobierno nacional debe defender la vida de los providencianos con la misma claridad y determinación con que defiende a sus islas frente a la actitud expansionista de Nicaragua. La soberanía comienza en casa e incluye no sólo el mar y las islas sino también a los isleños.

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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.

 

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