El conocimiento de nuevos trazos de corrupción en el Hospital Departamental de San Andrés alertados por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y por una severa medida cautelar de parte de la –nada más y nada menos– poderosa División de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda; puso de manifiesto un secreto a voces en las islas: los fantasmas de la inmoralidad y el desgreño seguirían rondando con vigor en la administración del sistema de salud de las islas.